Reportajes — 12 febrero 2013

Soñar es un Derecho

RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD NO CESA

  • ·        Entre 1999 y junio de 2012, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 4.935 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados ilegales. Un promedio de 400 por año.
  • ·        La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacan los esfuerzos legislativos del Estado colombiano, pero advierten que la amenaza continúa.
  • ·        SOÑAR ES UN DERECHO[1] invita a la ciudadanía a proteger la niñez, la adolescencia y la juventud del reclutamiento y de los diferentes hechos de violencia, a evitar que experimenten una vida en armas, y a promover políticas públicas que incorporen la prevención del reclutamiento y utilización de esta población. La Fundación Mi Sangre, USAID y OIM con apoyo de diversas organizaciones del Gobierno, de la sociedad civil y de cooperación internacional lanzan la campaña Soñar es un Derecho y su llamado a la acción Yo Protejo que busca crear una red de personas que alrededor del mundo se unan en contra del reclutamiento y promuevan los espacio artísticos como creadores de culturas de paz y convivencia. Diga Yo Protejo: www.yoprotejo.org; Facebook: Yo Protejo, Twitter: @Yoprotejo, Correo Electrónico: info@yoprotejo.org

Bogotá D.C., 19 de septiembre 2012. El reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales es una realidad vigente. En distintas regiones del país, en zonas rurales y urbanas, miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) viven sus días esquivando la amenaza de organizaciones que acuden a todo tipo de hechos de violencia, presiones y falsas promesas, para obligarlos a formar parte de sus ejércitos o convencerlos de sumarse a ellos.

El 83%[2] de los niños y jóvenes que estuvieron en los grupos armados fueron víctimas de violencia intrafamiliar, el 25% había dejado las aulas por no estar interesados en lo que allí se estudiaba, y porque no había en dónde jugar ni realizar actividades recreativas, el 57% trabajaba antes de su vinculación y el 30% lo hacía raspando coca. Por ello, la iniciativa Soñar es un Derecho es una respuesta de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, liderada por la Fundación Mi Sangre, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que busca prevenir el reclutamiento dando a los niños, niñas, adolescentes y a los jóvenes la oportunidad de participar y de expresarse a través del arte.

La violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, ese es el escenario. El mismo de hace 30 años, el mismo de hoy. Sobreviví a la década de los ochenta gracias a la música, en una generación que creció en toque de queda, que solucionó sus conflictos desde la violencia y se embelesó con la posibilidad de enriquecerse fácil, traicionando la memoria de nuestras pasadas generaciones que construyeron sus fortunas abriendo caminos a pie. Vi crecer el narcotráfico, los grupos delincuenciales, apenas sin saber las consecuencias de palabras como masacres, desplazamiento, desapariciones. Tenía mucho que decir y fue entonces cuando más me aferré a la música. Con mis letras y mi guitarra traté de exorcizar mis demonios y desenredar mis miedos. Al igual que yo, muchos jóvenes hoy encuentran en la música o en las expresiones artísticas una opción de vida. Por eso vale la pena apostar e invertir en educación y en el arte, porque es nuestra manera de narrarnos, de pensarnos, de resistir a la guerra, y sobre todo, lo más importante, de no olvidar”, dice el artista Juanes acerca de las motivaciones que los llevan a lanzar la iniciativa Soñar es Un Derecho.

“Tanto los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN como los grupos de post-desmovilización de las autodefensas han seguido reclutando niños y niñas”, advierte enfáticamente Mario Suescún, asesor de la Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, de la Defensoría del Pueblo. “Los están utilizando como herramientas de guerra y como esclavos sexuales. Están incursionando en nuevas actividades delincuenciales y están usando a los niños para cometer toda clase de delitos”.

Constantes denuncias confirman la gravedad de la situación. Entre enero de 2008 y junio de 2011 solamente el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo registró 158 situaciones de riesgo concernientes al reclutamiento forzado. Mientras tanto, en los últimos meses, diversas organizaciones y medios de comunicación han documentado amenazas y casos de este crimen de guerra en municipios de Antioquia, Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Tolima, entre otros departamentos.

400 niñas y niños desvinculados al año

Entre noviembre de 1999 y junio de 2012 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 4.935 menores de edad en el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley. Cada año la institución registró un promedio de 400 casos de menores de edad que fueron remitidos al mencionado programa, para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos en su calidad de víctimas del conflicto.

“El reclutamiento es una forma de migración forzada que limita las oportunidades de los niños y niñas como ciudadanos, la participación en los conflictos armados tiene un gran impacto sobre ellos y ellas, con afectaciones en su desarrollo, en el ejercicio de su derecho a la participación y en sus identidades, entre muchos otros aspectos”, explica Juan Manuel Luna, coordinador del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados y en Riesgo de Reclutamiento, de USAID y OIM. “Eso es lo que más nos debe preocupar: el impacto sobre los niños y las niñas, y la responsabilidad que tenemos como adultos de protegerlos frente a los efectos, siempre nocivos, que esta situación tiene sobre sus vidas”.

Durante los 12 años que contempla el registro del ICBF, las edades más frecuentes entre los menores de edad desvinculados al momento de ingresar al programa fueron los 16 y los 17 años (3.275 casos en estos rangos de edad). No obstante, el mismo documento reporta inclusive niños y niñas de 9 y 10 años que fueron atendidos por esta causa y que, a diferencia de otros miles, lograron huir de sus captores o corrieron con la suerte de ser rescatados con vida.

Por su parte, el Director del ICBF, Diego Molano, aseguró que los menores de edad que se desvinculen en una posible desmovilización de las FARC serán tratados como víctimas, y por tanto tendrán derecho a medidas de protección, rehabilitación y reparación, y a garantías de no repetición.

“En la cuadrilla donde yo estaba éramos como 200 y yo creo que el 60% ó 70% éramos menores de edad”, narró Esperanza[3], una mujer que a los 12 años vivió la pesadilla de pertenecer a la guerrilla de las FARC. “Allá había personas que estaban desde los 8 años y ya tenían 35 ó 40”.

Entre las regionales del ICBF que más remitieron menores de edad desvinculados al mencionado programa aparecen: Antioquia (14,6%), Bogotá (11,3%) y Meta (7,8%). En contraste, las que registran menor incidencia son Amazonas, Guainía y Vaupés, cuyas cifras no alcanzan el 0,5%. No obstante, estudios en el tema advierten que hoy el mapa del reclutamiento puede ser otro.

“La dinámica de hoy es más urbana que rural”, explica la abogada Beatriz Linares, seguidora incansable de la situación y coautora de importantes logros legislativos de Colombia en materia de prevención. “Más del 70% de la población colombiana se concentra en lo urbano y esto hace que los grupos armados ilegales también se centren en lo urbano. Estos grupos están en los lugares donde saben que hay niños y niñas en riesgo”.

La iniciativa Soñar es un Derecho está llegando a 14 municipios en Colombia de los departamentos de Bolívar, Antioquia, Sucre, Nariño, Valle, Cundinamarca y Meta, zonas en las que es urgente invertir en educación, en cultura y recreación, allí se trabaja con 720 niños y jóvenes entre los 10 y los 25 años que hacen parte de grupos juveniles que utilizan el arte y las comunicaciones como medio de expresión y participación, y sobre todo como herramienta para resistir a la violencia. Este gran esfuerzo resalta la necesidad de ampliar cobertura en diferentes regiones y así beneficiar a más NNAJ en riesgo. “El arte con su sensibilidad moviliza mucho más que la razón, concientiza y enlaza mundos, pues en esencia, es universal y heterogéneo”. Expresa Juanes.

Bandas criminales imponen nuevas formas de reclutamiento

Entre 1999 y junio de 2012 el 83% de las niñas y niños que recibió el ICBF en el programa de atención especializada se entregó voluntariamente, y el 17% restante fue recuperado por las autoridades en algún operativo contra el grupo que los reclutó. De los 4.935 que ingresaron a la institución como víctimas de estos grupos, el 58,8% fue reclutado por las FARC, el 21,3% por las desmovilizadas AUC y el 14,8% por la guerrilla del ELN.

Estos tres grupos siguen siendo los mayores reclutadores de niños, niñas y adolescentes, pero no los únicos. Hasta junio de 2012 el sistema del ICBF reportó también el ingreso de 126 menores de edad que habían sido reclutados por las llamadas bandas criminales, también conocidas como BACRIM. Se trata de una situación denunciada constantemente en los centros urbanos del país, pero intangible en los estrados judiciales.

“Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha denunciado el riesgo de utilización y reclutamiento que corren los niños y niñas por parte de los grupos post-desmovilización de las autodefensas”, advirtió Mario Suescún. “Las autoridades nacionales y locales están perfectamente enteradas de esos riesgos”.

En una reciente entrevista con el diario El Tiempo, el director de Protección de la Policía Nacional, general Nicolás Rancés Muñoz, reconoció que las llamadas bandas criminales o grupos delictivos creados después de la desmovilización paramilitar están reclutando menores de edad, especialmente en las zonas urbanas. “Los utilizan en la venta y tráfico de sustancias estupefacientes”, dijo el oficial en la publicación. “También como informantes, como campaneros o los utilizan como sicarios para que se hagan ajustes de cuenta dentro de las actividades mafiosas”.

Según el planteamiento de Beatriz Linares, las llamadas bandas criminales han impuesto nuevas formas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, favorecidas por complejas condiciones sociales que incluyen la omisión de los adultos en su obligación de protegerlos. “Lo que está sucediendo hoy es que la niña o el niño está al servicio de un grupo criminal, pero va a la escuela y duerme en su casa”, comenta la abogada al describir lo que sucede. “Y la familia no dice nada, porque esa niña o ese niño es quien lleva la plata a la casa y se ha convertido en el proveedor económico de su familia”.

La Defensoría del Pueblo comparte con otras instituciones la preocupación por estos niños, niñas y adolescentes, quienes viven una situación aún más difícil cuando se enfrentan a funcionarios del sistema judicial que no los reconocen como víctimas de estos grupos. “Hay fiscales que están procesando judicialmente a menores de edad que logran escaparse de las que el Gobierno denomina bandas criminales”, aseguró Suescún. “También ocurre con algunos defensores de familia que lo que hacen es alejar a los niños de sus familias, y no proteger a esas familias”.

Tal como lo denuncia la Defensoría del Pueblo, además de ser reclutados para actividades propias de la guerra, estos menores de edad están siendo utilizados para cometer delitos comunes, lo cual, a juicio de los que saben, no tendría por qué despojarlos de su condición de víctimas del reclutamiento ni de la utilización. “La utilización para el microtráfico de drogas, para la explotación sexual infantil o para llevar y traer razones no los excluye como víctimas del conflicto armado interno”, precisó Suescún.

En el mismo sentido, USAID y la OIM recuerdan que la protección integral es un derecho que corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, y reitera que, sea cual sea el reclutador, cualquier niño o niña que se desvincule de un grupo armado ilegal debe recibir del Estado las condiciones necesarias para la restitución de sus derechos, de acuerdo con los lineamientos establecidos para protegerlos.

“Todo acto de violencia contra los niños y las niñas afecta sus derechos y por eso USAID y la OIM apoyan la idea de centrarnos en ellos y ellas como víctimas, independientemente de quién sea el perpetrador”, asegura Juan Manuel Luna. “Lo que necesitamos es ayudar a la protección de estos niños y niñas para su efectiva reintegración social y para que puedan ejercer activamente sus derechos”.

Comunidades indígenas asediadas

Tal como lo han denunciado entidades como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño los grupos armados ilegales siguen reclutando menores de edad que forman parte de comunidades indígenas y de otras etnias. Factores como la agudeza del conflicto armado y la precaria situación económica de los resguardos aumentan la vulnerabilidad de los niños y niñas indígenas, cuyos cabildos han tenido incluso que presionar a los grupos armados para lograr que sus víctimas regresen a casa.

Hasta el año 2012, las cifras del ICBF reportan la atención a 357 adolescentes indígenas desvinculados y a 243 más de origen afrocolombiano. Los números equivalen al 7% y 5% respectivamente frente al total de menores de edad atendidos en el programa, pero en la realidad del subregistro el porcentaje podría ser mayor.

Grandes pasos en materia legal

Colombia ha registrado grandes avances normativos hacia el reconocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, y ha logrado implementar una serie de estrategias orientadas al restablecimiento de los mismos, entre ellas el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley del ICBF.

En efecto, además de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado ha incorporado en el orden jurídico más de 10 instrumentos internacionales que le han generado sendas obligaciones en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra su participación en los conflictos armados.

El país acogió, entre otras normas, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, el cual prohíbe el reclutamiento de personas menores de 15 años en los grupos armados y su participación en las hostilidades. Un paso más adelante, incluyó una reserva que elevó esa prohibición a 18 años, medida que ratificaría posteriormente con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además de estos logros, Juan Manuel Luna destaca otros como la formulación del fenómeno del reclutamiento como delito, el reconocimiento de los niños y niñas como víctimas y el mandato de crear programas especializados para la protección y el restablecimiento de sus derechos.

El funcionario hace especial énfasis en una tarea que está en manos de los actuales gobiernos. “Hay un hito muy importante y es haber establecido, por ley, mecanismos para la prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, que están expresados en políticas públicas del orden nacional, departamental y municipal, y que deben ser incluidos en los planes de desarrollo que hoy se están formulando”, explica Luna.

Buscan fortalecer la prevención

Al igual que USAID y la OIM, Beatriz Linares destaca la importancia de estos resultados legislativos, pero advierte que en la vida cotidiana de los niños y las niñas la tarea aún es larga. “Aunque otros puedan pensar que se han hecho todos los esfuerzos, hoy el reto es la prevención, es fortalecer y reconstruir entornos, pero sobre todo, es atrevernos a promover la transformación de la cultura”, enfatiza Linares.

La inquietud de la abogada es quizá la esencia del más reciente avance normativo del Estado: la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados (Conpes 3673 de 2010), una herramienta formulada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) que determina responsabilidades concretas para el Estado, la sociedad y la familia en la garantía de los derechos de la niñez, como una estrategia para alejar a los niños y niñas de las armas.

La Política está vigente. Sin embargo, la aplicación, sobre todo en los niveles territorial y municipal es todavía una tarea pendiente que apunta a enfrentar aquello que se hace evidente con cada testimonio de las víctimas del reclutamiento: la ausencia de la corresponsabilidad a la hora de prevenirlo.

“Mi mamá me pegaba como para matarme”, contó Esperanza. “Cuando perdí quinto de primaria, me pegó muy duro y yo me fui. No sabía para dónde… Como a las cinco de la mañana pasó la guerrilla y el comandante me dijo que qué hacía allá trepada en el árbol, y yo le conté. Le dije que si él no me llevaba con la guerrilla, me iba con los paramilitares”.

El desafío social

El primer responsable de garantizar el restablecimiento de los derechos a quienes han sido víctimas del reclutamiento y utilización en manos de los grupos ilegales es el Estado. Sin embargo, esa obligación plantea otro reto que puede ser aún mayor: lograr que la sociedad facilite las condiciones para que ese nuevo ciudadano que logró sobrevivir al conflicto armado en su infancia no repita su tragedia y pueda integrarse nuevamente a la sociedad con los derechos que le corresponden.

Según explica Juan Manuel Luna, a menudo la sociedad ve a quienes se desvinculan de los grupos armados desde una dimensión criminal errada que agrava su situación y dificulta el restablecimiento de sus derechos. “Dado que el conflicto armado todavía se vive, a los colombianos nos duelen las heridas de las personas afectadas, que muchas veces son incluso nuestros familiares o nuestros vecinos, y ese dolor hace que algunos ciudadanos vean a los niños y a las niñas que han logrado desvincularse como posibles perpetradores de hechos violentos y no como las víctimas que en realidad son”, advierte el funcionario.

Con esta realidad es claro entonces que el éxito de la aplicación de la Política de Prevención depende, en buena parte, de cómo la sociedad asuma el problema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los grupos armados ilegales, tanto en el terreno de la prevención como en el del restablecimiento de los derechos de quienes ya han sido víctimas.

En busca de la verdad

Y mientras la apuesta de la Política de Prevención del Reclutamiento empieza a hacerse realidad en cada rincón del país, la justicia aún intenta develar la suerte de un número indeterminado de niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados en los grupos armados ilegales que adelantaron procesos de desvinculación masiva.

En noviembre de 2006, la Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico de la situación de 329 adolescentes que en ese momento recibían atención especial del ICBF tras haberse desvinculado de los grupos armados. En su informe, emitió varias recomendaciones al Estado colombiano, entre ellas la de exigir a los grupos en proceso de desmovilización la entrega de todos los menores de edad que formaban parte de sus filas, un requisito legal para acceder a los beneficios de esta clase de acuerdos (Ley 975 del 2005).

La misma institución estimó que si el número de adultos desmovilizados en esos procesos fue de 31.671 y se calculaba que el 20% de los grupos armados ilegales estaban conformados por menores de edad, el ICBF tendría que haber recibido unos 6.000 niños, niñas y adolescentes para el restablecimiento de sus derechos que como víctimas del conflicto armado les correspondía. No obstante, hasta octubre de 2009, los jefes paramilitares sólo habían confesado en sus declaraciones 389 casos de reclutamiento forzado y habían mencionado otros 1.020.

Se sabe también que en diciembre de 2007 y como resultado de un requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reportó un total de 823 menores de edad desvinculados de grupos paramilitares: 84 entregados antes de las desvinculaciones colectivas, 307 durante las mismas y 432 desvinculados de manera individual.

Lo concreto es que el delito del reclutamiento sigue permeando a las comunidades pero se mantiene en la impunidad. La cifra expuesta por Beatriz Linares lo resume todo: “el delito de reclutamiento existe en Colombia desde 1997”, dice. “Pero ¿Cuántas sentencias condenatorias hay por estos 4.800 casos que han sido atendidos por el ICBF? Solamente 17”.

Fuentes de información:

LAURA RICO

Líder de Comunicaciones y Coordinadora de la Campaña ‘SOÑAR ES UN DERECHO’

Fundación Mi Sangre Medellín-Colombia

Celular: (57) 3137269816

Tel: (57-4)3123920 Ext. 106

E-mail: comunicaciones2@fundacionmisangre.orgwww.yoprotejo.org

 

JORGE ANDRES GALLO

Coordinador Unidad de Prensa OIM

Tel: (57-1) 6397777 Ext. 1219

E-mail: jgallo@iom.int

 

VANESSA MOLINA

Oficina de Comunicaciones USAID

Tel: (57-1) 2754106 Ext. 4102

E-mail: vmolina@usaid.gov

 

PILAR RUEDA JIMÉNEZ

Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer

Defensoría del Pueblo

Tel: (57-1) 3147300 Ext. 2323

E-mail: bdprueda@defensoria.org.co

 

BEATRIZ LINARES CANTILLO

Abogada y coautora del Código de Infancia y Adolescencia

Celular: (57) 3153359131

E-mail: bealin@gmail.com

 

Más información:

XIMENA NORATO

Directora Agencia de Comunicaciones PANDI

Celular: (57) 3214689258

Tel: (57-1) 6143489

E-mail: ximenanorato@agenciapandi.org


[1] Hacen parte de la campaña: Fundación Mi Sangre, la OIM, USAID con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por los Grupos Organizados al Margen de la Ley, el ICBF, los Ministerios de Educación y de Cultura, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Consejo Noruego para Refugiados, UNICEF, el Banco Mundial, medios de comunicación, artistas y muchos ciudadanos comprometidos con la paz y la reconciliación.

[2] Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: Inserción social y productiva, desde un enfoque de derechos humanos. Convenio Defensoría del Pueblo – Unicef.

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