Reportajes — 12 febrero 2013

SIGLO XXI HAY MÁS ESCLAVOS QUE EN LA ÉPOCA DE LA

ESCLAVITUD A CAUSA DE LA TRATA DE PERSONAS

 

Este informe es de libre uso periodístico. Es un producto del proyecto Servicio Andino de Migraciones (SAMI), patrocinado por la Unión Europea a través de la Fundación ESPERANZA, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Comisión Andina de Juristas.

“Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”, Art. 4 / Declaración Universal de los Derechos Humanos.

  • Ø  Datos de las Naciones Unidas estiman que 27 millones de seres humanos, sin distinción de edad, género ni origen étnico, son víctimas de Trata de personas, considerada como la esclavitud del siglo XXI.
  • Ø  Naciones Unidas estima que la Trata de personas reporta ganancias ilícitas por cerca de 32 mil millones de dólares anuales.
  • Ø  Impunidad, subregistro, falta de recursos para investigar y desconocimiento de las autoridades sobre este delito forman el hilo que identifica a las cuatro naciones en una misma problemática. 

Bogotá, D.C. Octubre de 2012. Según el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son países de origen, tránsito y destino de víctimas de Trata de personas. Los países con mayor número de víctimas de Trata de personas en el continente. La impunidad, el subregistro, el desconocimiento de las autoridades, la pobreza y la falta de recursos para investigar, obtener estadísticas y bases de seguimiento hacen evidentes las falencias para combatir el delito en estos cuatro países.

De acuerdo con Soledad Murillo, miembro del Comité Antidiscriminación de las Naciones Unidas, con sede en España, algunas condiciones sociales que imperan en estos países son terreno fértil para las redes dedicadas a este delito. “La desigualdad y la pobreza son el empujón para que la gente se vincule a la Trata”, dice Murillo.

La explotación dentro del territorio para trabajos forzosos y el comercio sexual, principalmente con menores de edad, son las modalidades que se detectan con mayor frecuencia en estos países según las autoridades. Sin embargo, el delito adquiere características particulares en cada una de las cuatro naciones.

Colombia, por ejemplo, es uno de los países de Latinoamérica que registra alta incidencia de Trata transnacional de mujeres con fines de explotación sexual, hacia países de Europa, Centro y Suramérica, y de Trata interna de niños, niñas y adolescentes especialmente en el conflicto armado. En Perú, las comunidades campesinas/rurales son víctimas comunes de este delito, a través de prácticas inadecuadas asociadas a la figura del „padrinazgo?, donde las familias aceptan propuestas para que sus hijos e hijas reciban educación y beneficios si deciden viajar fuera de sus comunidades y apoyar a familiares o conocidos en labores agrícolas o comerciales. Muchas de estas propuestas son falsas y los NNA terminan sometidos a condiciones de explotación y vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos, alimentación o alojamiento dignos y adecuados.

Mientras tanto, en el caso de Bolivia, los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de redes de Trata con fines de explotación laboral que los vinculan a la minería y la agricultura, dentro y fuera del país. Y en Ecuador, la problemática de la Trata afecta principalmente a mujeres y niños, niñas y adolescentes que son movilizados internamente desde las zonas de frontera hasta los centros urbanos con fines de explotación sexual y servidumbre doméstica.

Los retos para la implementación de una legislación penal adecuada

En el caso de los cuatro países señalados y según informe del Departamento de Estado, todos tienen leyes vigentes en cuanto a los castigos que deben recibir quienes hagan parte de las redes y en todos hay claridad sobre el papel que deben asumir los países para proteger a los ciudadanos, tal como está estipulado en los Principios y Directrices Recomendados Sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: “los Estados tienen la obligación, de actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes la cometen y ayudar y proteger a las víctimas de ella”.

No obstante, y aunque los cuatro países hayan acogido esos principios en su normatividad interna, las leyes no se aplican con rigurosidad. Evidencia de ello es la impunidad que rodea este delito, un aspecto notorio en el bajo número de casos judicializados que se reportan en los países. Las víctimas tienen dificultades para acceder a la justicia, carecen de información sobre sus derechos y deberes, sobre las fases de proceso penal. En muchos casos las autoridades carecen de los recursos para la investigación, de la formación para la identificación del delito, de las víctimas y de los victimarios, y la comunidad en general normaliza las situaciones de explotación invisibilizando la Trata de personas.

Según Mónica Hurtado, profesora e investigadora colombiana, hasta el año 2010 el costo del traslado de una víctima de Trata desde Colombia hasta Hong Kong podía alcanzar los US 6.200, mientras que el valor que debían pagar las víctimas en el lugar de destino llegaba a los US 30.000. Cifras que hace el negocio más rentable cada día.

Lydia Cacho, periodista e investigadora mexicana, que ha recorrido diferentes países del mundo buscando conocer la realidad sobre la Trata de personas, asegura que una de las principales falencias de las legislaciones a nivel internacional es la ausencia de políticas que logren combatir, según ella, el principal motor de este delito “el lavado de dinero”.

Según Cacho la venta de cualquier persona con diferentes fines, está en la mayoría de los casos relacionados al lavado de dinero, y al ser Latinoamérica uno de los lugares más afectados por las redes, también se convierte en el sitio más anhelado para llevar a cabo los “negocios”. “Me parece que mientras las políticas de persecución real de lavado de dinero sucio a nivel mundial, especialmente en países como Estados Unidos y España, no funcionen, para Latinoamérica las cosas no van a cambiar mucho” afirmó la comunicadora”.

El panorama en cifras

En tanto un kilo de cocaína puede ser vendido una sola vez, una víctima de la Trata puede ser vendida en múltiples ocasiones, por eso las ganancias de los traficantes se multiplican explotando personas”.

De acuerdo con las Naciones Unidas, en el mundo 27 millones de personas sin distinción de edad, género ni origen étnico son víctimas de la Trata, concebida como la esclavitud del siglo XXI. Según cifras recientes de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), 250 mil personas en el mundo están en condiciones de trabajo forzado como consecuencia del delito de trata de personas.

En Colombia, por ejemplo, durante el primer semestre del año de 2012 se dictaron seis sentencias condenatorias por Trata de niños, niñas o adolescentes, a pesar de que el registro de víctimas en esas edades es mayor. Los reportes de Ecuador en el año 2011 muestran que se denunciaron 115 casos relacionados con este delito, sin embargo, solo 4 tuvieron sentencias acusatorias.

Por otro lado, el número de denuncias que se reportan en los países andinos es muy bajo, en Perú, entre 2004 y 2012 hubo 630 casos de Trata de personas. Las autoridades y organizaciones de Perú y Bolivia aseguran que este registro no es absoluto debido al temor y la falta de cultura de denuncia por parte de las víctimas o los testigos del delito.

Nadie sabe cuántos son, ni dónde están. Las víctimas de la Trata tampoco responden a un solo perfil, sin embargo las condiciones estructurales de pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la educación y al empleo digno, son factores que incrementan la vulnerabilidad al delito.

Otro problema común es que en algunos contextos culturales y sociales la de personas ni siquiera se considera como un delito. De ahí que Murillo destaque la importancia de identificar, reconocer y tratar como víctimas de un delito a quienes son sometidos por las redes de Trata. “El reconocimiento de este rol en el sistema social y legal es vital para combatir a las redes que intentan hacer ver a las víctimas como personas que buscan nuevas oportunidades y que tienen un claro conocimiento de lo que enfrentarán”.

Explotación sexual: el principal objetivo

La Oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres asegura que el 80 por ciento de las personas victimizadas por el delito de la trata se usan y abusan como esclavas sexuales.

“Esta violación de los derechos humanos tiene su origen en la demanda de servicios sexuales y las ganancias que estos generan, la mercantilización de los seres humanos como objetos sexuales, así como la pobreza, las desigualdades de género y la posición de subordinación de las mujeres y de las niñas, que representan un campo fértil para la trata de personas”, enfatiza la organización.

El fenómeno se repite en la región andina. Tal como lo advierte Soledad Murillo, una de las principales coincidencias en la situación de estos cuatro países es que “el perfil de las víctimas más buscadas por las redes de Trata de personas son las vírgenes, sin importar género o edad, pues esta condición se paga muy bien en los mercados donde se mueve la Trata de personas con fines de explotación sexual”.

El delito de la Trata de personas es una problemática mundial, pero que para los países de Latinoamérica en especial, el combatirlo se ha convertido en un reto, en cuanto a recursos legales y monetarios, principalmente para Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. La capacidad de las autoridades para identificar y judicializar a los tratantes es un punto a fortalecer en estas cuatro naciones, al igual que la necesidad de dar a conocer la magnitud del delito a la comunidad para promover la cultura de denuncia y evitar un incremento en el número de víctimas.

Tanto el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos como las Naciones Unidas, evidencian que la problemática que viven Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia por el delito de Trata de personas es más difícil de combatir debido a la falta de recursos para obtener las estadísticas que den muestra de las poblaciones, sectores y causas que impulsan un “negocio” que afecta a millones de personas en el mundo, pero que al parecer se escapa del brazo de la justicia.

Hay numerosos instrumentos internacionales que se refieren a la trata y a la esclavitud, históricamente  encontramos el Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas de 1904, el convenio Internacional para la represión de la Trata de Blancas de 1910, el convenio internacional para la represión de la Trata de Mujeres de 1921,  el convenio internacional para represión de la Trata de Mujeres mayores de edad de 1933 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena de 1949, y finalmente la Convención contra la Delincuencia Organizada transnacional y el Protocolo Para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de Personas, especialmente mujeres y niños  aprobada en diciembre de 2000, entro en vigor en 2003,   este último instrumento define en su artículo No. 3 la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos

 

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Soledad Murillo

Comité Antidiscriminación de las Naciones Unidas

www2.ohchr.org/spanish/bodies/cedaw/index.htm

Diana Cano

Coordinadora del Servicio Andino de Migraciones, SAMI.

Fundación ESPERANZA

E-mail: dcano@fundaciónESPERANZA.org

Lydia Cacho

Periodista e investigadora mexicana

http://www.lydiacacho.net/

Mónica Hurtado

Profesora e investigadora colombiana

Servicio Andino de Migraciones

Artículos de su país sobre el tema en:  www.infomigrante.org/periodistas/

Skype: agenpandi

Más información:

Vanessa Acevedo

Periodista

Agencia PANDI

Tel: (57+1) 6143489

Skype: vannessa.acevedo

Móvil: (57) 3204454016

E-mail: periodista@agenciapandi.org

 

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